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Las declaraciones de Barata dejan una sensación de náusea difícil de curar. Era el testimonio esperado para corroborar lo dicho anteriormente por Marcelo Odebrecht y poner en vitrina deshonrosa al 95% de la clase política. Y así fue. Las campañas de PPK, Keiko, Alan, Susana, Toledo y Ollanta tuvieron un precio que la Caja 2 de Odebrecht pagó muy bien. El terremoto que tiene esta acusación cubre dos frentes: el judicial, con un largo camino empedrado y propicio para soplar la pluma del dinero sucio al que lo recibió; y el político, en el que las consecuencias para estos líderes llegan hasta la mortandad electoral. Es cierto que en el Perú, con la segunda Presidencia de García -justamente financiada vía Alva Castro con $200,000 según Barata-, los cadáveres políticos resucitaban. Pero al ver a todos embarrados, las ganas callejeras de “sacar a todos” cobran una fuerza que tiene como referente a la crisis de los vladivideos. Y es claro, también, que los matices de los montos -3 millones, contra 200 mil y 300 mil- serán cartas que las defensas de estos políticos pondrán en la mesa fiscal para atenuar lo que se viene. Ollanta, con el expediente casi listo para el juicio; Susana, la más comprometida del grupo, pues el dinero llegó cuando era alcaldesa; Toledo, el más caradura, gozará aún de los vinos californianos hasta que la justicia lo traiga del pescuezo; PPK, un zombi político que no se ha visto en el espejo; Alan, que hará inmolar a Alva Castro; y Keiko, que sufre un duro golpe, más aún cuando Kenji renuncia a Fuerza Popular y será, no lo dudo, quien capitalizará el voto fujimorista.