Estamos a pocos meses de las elecciones generales del 2026, y lamentablemente vemos que muchos personajes que hace cinco años estaban en condición de “investigados” por el Ministerio Público debido a graves imputaciones, hoy siguen sin recibir una sentencia o una absolución, lo que nuevamente les permite postular desde ese limbo engañoso para el elector y peligroso para la gobernabilidad.

Casos son muchos. Allí están por ejemplo, José Luna, Guillermo Bermejo, Guido Bellido, Keiko Fujimori o el propio Pedro Castillo que en teoría puede ser candidato al Congreso, y tantos otros que cinco años después de abiertas sus investigaciones, siguen aptos para postular sin que el sistema de justicia se haya pronunciado respecto a su culpabilidad o inocencia.

En el caso de Luna, por ejemplo, cuando postuló en 2021 y salió elegido congresista, estaba bajo arresto preventivo por una investigación por presuntamente infiltrar un órgano electoral, la cual hasta ahora no ha llegado ni a control de acusación o etapa oral. Si miramos a Bermejo, es acusado de nexos con el terrorismo, pero hasta ahora su condición es la misma de hace cinco años.

¿Qué pasa con el Ministerio Público y el Poder Judicial? Deberían ponerse a trabajar en los casos que tienen pendientes, ¿o es que alguna mano oscura hace que todo se dilate? Por culpa de jueces y fiscales, los ciudadanos vamos a ir nuevamente a un proceso con candidatos igual de dudosos que hace cinco años. Para nuestros magistrados el tiempo no ha corrido, ¿por qué?