Más allá de que el expresidente Ollanta Humala caiga bien o mal, que aún tenga asuntos que aclarar ante la justicia y que desde el poder haya sido un perseguidor de sus rivales políticos (¿se acuerdan de la “megacomisión” o de cómo echó de la Marina a un entonces contralmirante sólo por apellidarse Giampietri?), queda claro que desde el punto de vista jurídico –el ético es otra cosa– ha sido objeto de una tremenda injusticia que pinta de cuerpo entero el desastre que es el Ministerio Público y el Poder Judicial.
La anulación en el Tribunal Constitucional del caso de los aportes de campañas al Partido Nacionalista en los años 2006 y 2011 es un papelón de aquellos y un duro golpe al Equipo Especial encabezado por el antes poderoso e idolatrado Rafael Vela Barba e integrado por sus subordinados Germán Juárez Atoche y José Domingo Pérez, este último hoy convertido en pintoresco político y abogado del golpista Pedro Castillo luego de ser echado por la puerta falsa del Ministerio Público.
El caso protagonizado por Humala y compañía, se suma al que tuvo como personaje central a la actual presidenta Keiko Fujimori, que también purgó prisión preventiva por un caso que jamás debió ni existir. En ambas situaciones fallaron tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, por igual, y sus integrantes deberían responder penal y administrativamente por eso. No se puede perseguir, hostilizar, embargar propiedades y meter presa a la gente, sin que haya consecuencias.
Sin duda el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen que ser objeto de una limpieza. Si estamos pensando en serio luchar contra la corrupción y la criminalidad, no podemos seguir con elementos como los vistos en estos casos. Hace pocas horas, por ejemplo, ha caído la banda que robó armas en una tienda de Santiago de Surco, en la zona de El Trigal. No nos sorprendamos que en los próximos días veamos en libertad a los arrestados porque tienen “trabajo fijo, familia y casa propia”.
Volviendo al punto inicial. Tiene que haber un mecanismo, que seguramente en el papel existe pero en la práctica es letra muerta, para que jueces y fiscales ineptos y politizados como Vela Barba y compañía, respondan por sus actos pero, de ser el caso, con dinero de su bolsillo y no de las arcas públicas. Veamos el caso de Pérez frente al Caso Cocteles: desgració a mucha gente y ahora el nuevo jale de Juntos por el Perú anda feliz casi como protagonista de memes y programas cómicos: ¿Es eso justo?