En los actos de corrupción cometidos en la Policía Nacional en momentos de crisis, tan culpables son los mandos implicados como los empresarios grandes o pequeños que se han confabulado con los primeros para llenarse de plata en desmedro de los agentes que son enviados a las calles a contener el avance del COVID-19.

La justicia también tiene que apuntar a estas personas que se han valido de una emergencia que cobra cientos de vidas, para hacer “negocios”. No puede haber servidores públicos corruptos, en este caso policías corruptos, si no hay un proveedor corruptor que también merece una durísima sanción.

Acá tenemos un gran ejemplo de malos empresarios que ojalá sean conocidos por todos por nombres y apellidos. Estos son, sin duda, muy diferentes a los que sí trabajan dentro de la legalidad, tributan, generan empleo y respetan las normas laborales en un país donde abundan los seguidores de “Pepe el vivo”.

Pongamos freno a los corruptos, pero también a los corruptores. No puede haber impunidad penal para estas empresas, cuyos representantes, además, deberían quedar inhabilitados de por vida para venderle al Estado.