El país asiste al latrocinio más organizado y explícito que se haya gestado desde las entrañas del Estado. Más que un Gobierno, una banda de cacos, de esperpentos sin moral, de estafadores furtivos, de pistoleros avezados y de carteristas del erario público se han desperdigado por diversas instancias del Poder Ejecutivo -y del Congreso- para levantarse todo lo que puedan bajo la supervisión, las órdenes y la complicidad del truhan al que llaman presidente, Pedro Castillo.

Todo lo que ha dicho Karelim López es cierto y, lo peor de todo, todos saben que lo es. Los saben Waldemar y Vladimir Cerrón, dos prontuariados que ya saben de estos desfalcos y lo sabe, absolutamente, el abyecto abogado Julio Pachas. Lo sabe Betssy Chávez, que ha preferido su sueldazo a cualquier atisbo de dignidad y todo el  Gabinete Ministerial, que incluye al inimputable de Aníbal Torres. Lo saben los fiscales Zoraida Ávalos y Omar Tello, que no han movido un dedo para que se proceda a la detención de esta evidente organización criminal. Lo saben también los sinvergüenzas de los congresistas de Acción Popular que se han asociado al régimen como el gusano a la basura, los de Perú Democrático y todos los de Perú Libre que impedirán que la vacancia -nunca tan justificada como ahora- prospere. Y lo saben también un grupo de cobardes y ganapanes legisladores como  los de Juntos por el Perú, que prefieren la podredumbre de su ideología conviviendo con la peste antes que cualquier giro a la decencia.

Solo quedan dos opciones. O la calle retumba para echar de su orgía de saqueo al habitante precario de Palacio o habrá que lidiar para que, desde el Congreso, se lleguen a los 66 votos para la acusación constitucional con inhabilitación que nos libere de este bribón disfrazado de maestro. Saldrá la cuota de pudor, el mínimo de integridad, la bocanada de oxígeno que permitirá que el país respire, aún confío en ello. Pese a todo, los miserables escuderos de la corrupción no nos vencerán.