El presidente Pedro Castillo es el gran responsable que la administración pública esté siendo copada por una sarta de funcionarios impresentables, incapaces, envarados, prontuariados y agresores de mujeres, además de los “privilegiados” nacidos en Chota o alrededores, que están haciendo retroceder al país en medio de una crisis, al extremo que ahora sacar un pasaporte o un DNI, o hacer una gestión ante una entidad pública, parece una pesadilla propia de los años 80 en que íbamos al abismo.

Ayer en Correo hemos publicado un análisis solo de los ministros que ha reclutado el presidente Castillo desde que inició su gestión. El 54% de los jefes de cartera del Poder Ejecutivo que hemos tenido y tenemos desde que empezó el gobierno del profesor sindicalista y radical, han generado algún tipo de cuestionamiento por su pasado tormentoso y hasta carcelario, como fueron los casos del exguerrillero Héctor Béjar y del “explosivo” Iber Maraví.

Y ante esto el mandatario no puede mirar de costado, ni hacerse el desentendido, como trató de hacer ante el Ministerio Público una vez que le preguntaron sobre la lobista Karelim López, a la que dijo no conocer a pesar que ante CNN había admitido que la recibió en su despacho en los días en que se negociaban millonarias licitaciones. Querer aparecer como el “inocente” que no sabe qué pasa, es una tomadura de pelo que ya no se la creen ni sus amigos de la izquierda o del partido de César Acuña.

Es evidente que en medio de una brutal crisis, estamos pagando las consecuencias de tener en Palacio de Gobierno al peor presidente de nuestra historia a juzgar por sus evidentes limitaciones y el tipo de socios que tiene, entre ellos un sentenciado por corrupción como Vladimir Cerrón, que han venido con muchas ganas de levantarse en peso todo lo que tengan por delante, quizá por la certeza de que esta “oportunidad” no se repetirá jamás.

Y mientras los peruanos vemos la calidad de funcionarios que nos regala el gobierno del lápiz, el de “no más pobres en un país rico”, el presidente Castillo se queja porque el Congreso interpela a sus ministros, y se sube al púlpito para pontificar sobre la idoneidad que deben tener las personas que trabajan por “el pueblo” desde la administración pública. ¿Este señor vive en una realidad paralela o vive inspirado en tratar de vernos la cara de tontos?