La inseguridad ciudadana ha alcanzado niveles alarmantes en nuestro país. Asesinatos por el robo de un celular, extorsiones a pequeños empresarios, sicariato y secuestros forman parte del día a día. Estos hechos no solo impactan gravemente en el tejido social, sino también en la economía. Numerosos especialistas coinciden en que la delincuencia y la criminalidad no solo afectan a la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también ahuyentan las inversiones, agravan la crisis económica y retrasan el desarrollo del país.

Frente a esta cruda realidad, la respuesta de la clase política es preocupante. Tanto el Gobierno como los congresistas y otras autoridades parecen mirar hacia otro lado, eludiendo su responsabilidad. La falta de acciones concretas y eficaces para enfrentar este problema demuestra una desconexión total con las necesidades y expectativas de la población, que exige soluciones para restaurar el orden, fomentar la inversión y promover el crecimiento económico.

A esta situación se suma el agravante de la corrupción, los escándalos políticos y el ruido constante que bloquea cualquier avance real. El panorama es sombrío.

Lo más alarmante es la actitud indiferente de quienes deberían estar liderando los esfuerzos para superar esta crisis. En lugar de abordar los últimos acontecimientos que ensombrecen su gestión, la presidenta se limita a frases como “a palabras necias, oídos sordos”, un mensaje que refleja desinterés por el clamor popular y una desconexión preocupante con las demandas de los ciudadanos.