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Un año pasó desde que aprobamos la histórica ley a favor del uso medicinal del cannabis. Sin embargo, un año después, aún no tenemos reglamento. Por ello, más allá de la demora de este proceso, creo importante alertar sobre tres temas medulares que deben ser incluidos para garantizar el derecho fundamental a la salud de los pacientes.

El primero es la exclusión del cannabis medicinal de la lista de estupefacientes psicotrópicos sujetos a fiscalización sanitaria. La limitación de su disponibilidad y accesibilidad no puede exceder los criterios internacionales, ni tampoco reducir la posibilidad de su comercialización por la complejidad de los trámites administrativos que se deben realizar. Esto debe mejorarse.

El segundo se refiere a que el cannabis medicinal debe dispensarse como un “producto y recurso natural de uso en salud”, pues si se comercializa como “medicamento herbario”, la producción nacional tendría que pasar por un proceso de ensayos clínicos que demoraría aproximadamente 3-4 años, postergando así cualquier posibilidad de acceso.

Finalmente, el último problema es que las farmacéuticas y laboratorios han señalado que no cultivarían los insumos del cannabis. De esta forma, se generaría un desabastecimiento de la materia prima, limitando considerablemente la producción nacional de derivados del cannabis para uso medicinal. Por ello, es indispensable apostar por la asociatividad entre las entidades involucradas, a fin de superar la limitación de que los laboratorios en la práctica no puedan cultivar.

Por todo ello, es necesario que el Ministerio de Salud revise el reglamento propuesto. Los usuarios no deben terminar siendo obligados a seguir recurriendo al mercado informal. Nuestros pacientes y sus familias no están solos. La lucha continúa.