Pese a los esfuerzos del Gobierno por maquillar la realidad, la inseguridad y la pobreza continúan agravándose en el país. La improvisación y la falta de capacidad de gestión han llevado a los distintos niveles del Estado a fracasar en la lucha contra estos problemas. No es casualidad que los indicadores y resultados sean desfavorables para la actual administración.

Un ejemplo contundente es el retroceso en el Índice de Progreso Social Mundial, donde el país ha alcanzado su peor ubicación: el puesto 84 de 170 naciones. Este índice mide aspectos fundamentales como seguridad, nutrición, vivienda y acceso al agua, lo que evidencia un claro deterioro en la calidad de vida de los ciudadanos.

Pero lo más preocupante es la falta de soluciones concretas. En estos momentos, uno de cada cuatro peruanos considera que la delincuencia afecta directamente su economía, según una encuesta de Ipsos. Los más golpeados son los emprendedores, un pilar esencial del desarrollo del país, que ven amenazados sus negocios y fuentes de ingresos por la creciente inseguridad.

El mensaje es claro: gobernar no significa aferrarse al poder hasta el 2026, sino trabajar con urgencia y eficacia para mejorar las condiciones de vida de todos los peruanos. Ignorar estos indicadores y continuar con la inacción solo profundizará la crisis. El país no necesita discursos ni promesas vacías, sino acciones inmediatas y efectivas.