“Apenas se tuvo conocimiento de este caso (amenazas a doña “Peta”, la mamá de Paolo Guerrero) Se realizan patrullas en la zona, por donde la señora vive (...) para que vuelva a tener tranquilidad la señora y el mismo jugador”, dijo el ministerio del Interior, Víctor Torres.

“Si se han producido esas amenazas que lamentamos, y nos solidarizamos por supuesto con la señora y su familia, tienen a la Policía a su disposición para apoyarlos y darles la seguridad del caso”, manifestó el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.

Una clara muestra ocurrió hace dos días en la llegada del futbolista a Lima. Policías motorizados y un patrullero escoltaron a Paolo Guerrero en el trayecto del aeropuerto a su casa. Esto sin contar a la gran cantidad de efectivos que lo resguardaron en el “Jorge Chávez”.

Parece que la seguridad al delantero es una prioridad nacional para el Gobierno, un asunto de Estado. Mientras tanto, los ciudadanos de todo el país siguen indefensos. Mientras los ministros se movilizan con prontitud cuando se trata de proteger a una celebridad, la población en general enfrenta una creciente ola de violencia sin una respuesta igualmente contundente.

No hay dudas que lo peor del caso Guerrero es la reacción del Ejecutivo, que ha demostrado que hay peruanos de primer orden, con beneficios, y otros (más de 30 millones) abandonados a su suerte. Esto es lo más preocupante. Parece que nuestras autoridades solo se dedicaran a perpetuar una visión de privilegios para unos pocos, mientras que la gran mayoría queda desprotegida ante la delincuencia. Esta situación deja en evidencia una brecha de justicia y atención que no puede ser ignorada.