Mientras la confrontación entre el Ejecutivo y Legislativo se agudiza, los distintos problemas que surgen a nivel nacional, que deberían concitar toda la atención de estos poderes en pugna, siguen aumentando.

Un ejemplo de esto es que la protesta en Challhuahuacho en contra del proyecto minero Las Bambas está por cumplir las dos semanas y no parece tener visos de solución.

El ingreso a la unidad minera ha sido cerrado por los manifestantes y ya se anunció que paralizarán sus labores de manera efectiva el próximo 26 de noviembre puesto que hasta esa fecha están garantizados los insumos para el desarrollo de la operación.

Pero este no es el único caso. Según el Reporte de Conflictos Sociales de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), cuya última actualización fue en mayo del 2022, en los primeros 5 meses del año que termina hubo 89 situaciones de conflictividad. Para la Defensoría del Pueblo, que sí tiene actualizaciones hasta octubre del 2022, en el país hay 218 conflictos sociales, 159 en calidad de activos y 59 latentes.

Lejos de intentar buscar una solución a estos problemas, que es son de su entera responsabilidad, el premier Aníbal Terrones dedica cualquier actividad oficial a culpar a otro de los constantes descalabros que perpetra la gestión de Pedro Castillo y mientras esto siga ocurriendo, la más perjudicada será la ciudadanía.