Al analizar la inexistente reforma del Estado, postergada toda una vida, nos preguntamos: ¿acaso no cabe la posibilidad de acabar con las prefecturas y subprefecturas al interior del país, entidades poco respetadas por otras instituciones públicas que solo generan gastos y no soluciones?

Se conoce que la principal función de dichas competencias gubernamentales es ser un receptor del clima social de su jurisdicción, una especie de catalizador de problemas del Ejecutivo. Son dependencias dirigidas por informantes netamente políticos, no siempre con capacidades resolutivas.

Tiempo atrás, hace unos 20 años, las prefecturas eran dirigidas para articular labores de seguridad y orden interno con las municipalidades y los incipientes gobiernos regionales. Por ejemplo, junto a la policía y otras entidades sociales, creaban estrategias comunes para reducir la inseguridad ciudadana.

Siempre fueron agencias de empleo, llenas de sabidos partidarios del gobierno de turno que aprovechaban su nexo con el Ejecutivo para ofrecer cargos. ¿En qué momento fueron perdiendo fuerza? Considero que a medida que los gobiernos regionales recibían más facultades administrativas, las prefecturas veían desvanecido su poder.

Hoy, ser prefecto o subprefecto es un título honorífico que no disimula la desfachatez de un cargo improductivo. Por lo tanto, los gobiernos de turno no necesitan representación si las políticas públicas las aplican los ministerios, a través de los gobiernos regionales. Son los que sobran y nadie se atreve a reducir este gasto.

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