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Los resultados del referéndum del domingo 9 expresan el profundo rechazo de la población a esa alianza aprofujimorista que, desde el Congreso y durante dos años, legisló a espaldas de las necesidades del país, no solo obstaculizando sino favoreciendo abierta e impunemente negocios e intereses particulares. Pero tampoco son un cheque en blanco al presidente Vizcarra.

Pese al altísimo porcentaje, nos queda la duda de si hubiese sido mejor la bicameralidad para evitar la aprobación de leyes sin doble votación y/o exoneraciones de comisión, así como permitir que la reelección fuera decisión de los electores al momento de votar; la sanción a la actual mayoría se las llevó por delante.

Necesitamos una nueva Constitución; aunque las cuatro reformas son un avance, no resuelven los problemas. Una Constitución que elimine privilegios y contratos-ley, que permita sanción efectiva de la corrupción, la modificación de la inmunidad parlamentaria (que debe valer solo para votos y opinión), la planificación de la inversión pública para que no termine siendo negocio privado, entre otras.

En el Congreso está el reto de legislar sobre una verdadera reforma político-electoral exigiendo funcionamiento orgánico a los partidos y transparencia de su economía en la financiación y la rendición de cuentas.

Desde el Ejecutivo, urge la imperiosa necesidad de impulsar una verdadera reforma tributaria, eliminando exoneraciones innecesarias, cobrando deudas tributarias y reformulando las condiciones de inversión con las APP, que hasta hoy han sido fuente de corrupción pública y privada.