Los usos parlamentarios y convenciones requieren una institucionalidad basado en la alternancia democrática y la independencia judicial para consolidar una forma de gobierno; surgen por la necesidad de la clase política para resolver vacíos constitucionales y legales mediante acuerdos no escritos y prácticas consensuadas en el tiempo.

​Se trata de costumbres que emergen en las comunidades políticas que solo regulan lo indispensable, caracterizadas por una unidad histórica y cultural, así como por la desconfianza hacia los políticos. En este contexto, un pacto no formal es un remedio más pragmático que aprobar nuevas leyes. Los usos parlamentarios son acuerdos internos para resolver vacíos reglamentarios, se diferencian de las convenciones constitucionales que regulan los vacíos de la relación entre las funciones ejecutiva y legislativa. Las convenciones poseen una mayor jerarquía cualitativa, ya que sostienen la gobernabilidad del Estado.

Para que ambas prácticas funcionen se necesita una clase política homogénea con solidez institucional y respeto a los códigos de honor. Sin embargo, en contextos de polarización, populismo o fragmentación se erosiona la confianza forzando la judicialización de la política. En sociedades plurales, el respaldo de la opinión pública es vital para validar la legitimidad de una convención; en ese sentido, mientras que la violación de una ley acarrea sanciones judiciales, faltar a un uso o convención produce la pérdida de confianza política y ciudadana.

En conclusión, el derecho constitucional consuetudinario prioriza la madurez institucional y el compromiso de los actores políticos por encima del exceso de regulación, mostrando que la eficacia de una Constitución depende de la voluntad de respetar las reglas del juego para frenar el ejercicio del poder.

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