Es indignante ver cómo exministros, responsables del problema de inseguridad, ahora se presenten como expertos en la materia. Resulta aún más indignante la cobertura que se les brinda a estos personajes que poco o nada hicieron cuando ejercieron el cargo, lo que se suma a la narrativa malintencionada y sesgada, tratando de atribuir la exclusiva culpabilidad al gobierno actual. Sin embargo, un análisis honesto debería abarcar las últimas dos décadas de debilitamiento normativo por parte de sucesivos gobiernos que han relajado el aparato estatal en detrimento de la seguridad ciudadana. Se han otorgado excesivas garantías a criminales mientras que fiscales y jueces parecen más enfocados en perseguir a políticos que a las organizaciones criminales. Es evidente que el sistema presenta fallas. Las cárceles son una coladera donde operan organizaciones criminales con la complicidad de las autoridades. Cabe preguntarse: ¿quién proporciona armas, municiones y explosivos a estas organizaciones?

Otro componente crítico son el Ministerio Público y el Poder Judicial, instituciones sumidas en una contienda interna debido a la injerencia y penetración de una ONG financiada con fondos extranjeros. A esto se suma una cultura mediática que glorifica a personajes criminales, creando en el imaginario colectivo la errada idea de que la conducta delictiva es una opción de vida.

En conclusión, el diagnóstico del problema debe contemplar la confluencia de causas y factores, y la solución requiere propuestas, decisión política y, sobre todo, el liderazgo de verdaderos expertos, no de los “vendehúmo” que han resurgido en las últimas semanas.