El 16 de julio se cumplieron 25 años del sanguinario atentado perpetrado por SL en la calle Tarata, en Miraflores. El tiempo transcurrido amerita preguntarnos qué es lo que hemos aprendido como Estado y sociedad para evitar un “renacimiento” terrorista.

En el ámbito internacional, desde el 2001 hasta marzo de 2016, según Moisés Naim, los atentados terroristas en el mundo pasaron de menos de dos mil a casi 14 mil, sin que les demande a los autores de los atentados grandes cantidades de dinero.

Al respecto, el autor subraya, por ejemplo, que Al Qaeda gastó apenas 500 mil dólares para llevar a cabo los ataques del 11-S, mientras que los costos por pérdidas causadas en la destrucción de aquel día le costaron al gobierno atacado 3.3 billones de dólares. Es decir, por cada dólar que Al Qaeda dedicó a planificar y realizar atentados, EE.UU. gastó 7 millones, la quinta parte de su deuda nacional. En otras palabras, “nunca tan pocos pudieron hacer tanto daño a tantos a un precio tan bajo”.

¿Qué ha pasado mientras tanto en el Perú? ¿Podemos afirmar que está absolutamente descartado el resurgimiento de organizaciones terroristas que realicen en el futuro atentados urbanos y asesinatos como en los últimos decenios del siglo XX? No.

La lucha contra el terrorismo en el Perú tuvo gestas que nos enorgullecen, y que se manifiestan en el impecable operativo que capturó a la cúpula de SL así como la caída de los remanentes del MRTA, con el ejemplar rescate militar de los rehenes de la embajada de Japón; sin embargo, existen peligros que no debemos subestimar.

En primer lugar, los seguidores “no violentistas” de SL, agrupados en organizaciones como Movadef, Afadevig, Fudepp y ahora “Amanecer”, han desarrollado en estos años un eficaz trabajo de reclutamiento en diversos sectores de la sociedad, que incluyen ya actividades públicas.

Incluso Movadef y Fudepp se presentaron, con su vocero Alfredo Crespo, ante el 163 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (evento que se dio del 3 al 7 de julio en el edificio de la Superintendencia de Banca y Seguros) para denunciar “persecución política” y abogar por sus “presos políticos”. Cabe señalar que este evento fue inaugurado por la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello. Increíble falta de reflejos.

En cuanto a los terroristas del Vraem, sus acciones político-violentistas en Huanta y La Mar preocupan. En efecto, los ataques contra policías del 18 de marzo y 31 de mayo de 2017 se realizaron mediante la modalidad de emboscada a vehículos policiales, reglaje, planificación y distribución de fuerzas, posicionamiento táctico ventajoso (huecos de zorro), empleo de francotiradores ubicados en zonas altas, utilización de armamento de largo alcance, capacidad de fuego para asegurar el éxito de su operación y robo de armamento. Estas acciones les permiten mantener su alianza estratégica con las organizaciones dedicadas al TID y ganar el apoyo de los cocaleros.

Por lo expuesto, sea en su vertiente “política” o en la violentista “focalizada”, el peligro que representa el resurgimiento del terrorismo debe ser enfrentado por el Perú con educación, con legalidad eficaz, con una procuraduría supranacional ágil y, por supuesto, con política activa (presencia de los partidos democráticos en las universidades y en diversas organizaciones de la sociedad civil donde estén presentes estos grupos violentistas).

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