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En su último mensaje al país, en el que apeló a la cuestión de confianza en el tema de las reformas judiciales y políticas planteadas al Congreso, el presidente Martín Vizcarra mencionó que luego de los nauseabundos “vladivideos” que marcaron el fin del tercer mandato ilegal de Alberto Fujimori, la difusión de los audios que salpicaron a nuestro sistema de justicia era el segundo gran escándalo de corrupción que afrontábamos los peruanos.

Sin embargo, en Correo creemos que olvidó mencionar el caso “Lava Jato”, que ha manchado a los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, así como la gestión edil de Susana Villarán. Se han visto involucradas nada menos que las más importantes autoridades que ha tenido el país en los últimos 18 años, así como varios gobernadores regionales que tienen mucho que responder.

Así como cayeron duras sanciones sobre los responsables de la corrupción durante la administración fujimorista, se debe castigar con todo el peso de la ley a los jueces, fiscales y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), y -de igual forma- a los funcionarios y malos empresarios que delinquieron en el marco de las obras entregadas a las constructoras brasileñas, que hoy han admitido haber pagado millonarios sobornos.

La lucha contra la corrupción debe ser implacable. No puede haber medias tintas ni criterios de selección. La ley debe aplicarse a todos por igual. De no ser así, la tan mentada cruzada contra las malas artes en el manejo de los recursos públicos habrá caído en saco roto.