Opinión

Lula contra las cuerdas

Irónicamente, es el favorito con poco menos del 40 por ciento de respaldo, según los sondeos

26 de Enero del 2018 - 07:39 IVÁN SLOCOVICH PARDO

La condena de 12 años de cárcel impuesta en segunda instancia al expresidente brasileño Lula da Silva -que eleva la sanción inicial de nueve años- parece el colofón de largos años de proceso contra quien sería uno de los protagonistas principales de una gran maraña de corrupción -a través de empresas constructoras- que llegó también al Perú, donde tenemos a un exmandatario preso y a otro prófugo de la justicia.

En medio de este revés judicial para el primer presidente del vecino país proveniente de la clase trabajadora y del sindicalismo, Lula da Silva insiste en postular nuevamente a la presidencia, argumentando que las sanciones del sistema judicial son un intento de sus rivales por sacarlo de una carrera electoral en la que, irónicamente, es el favorito con poco menos del 40 por ciento de respaldo, según los sondeos más serios.

Estamos, entonces, ante la caída de quien fuera en América Latina el ícono de la izquierda tras la Guerra Fría, el hombre que -desde el sindicalismo y una supuesta lucha por la igualdad y la tan manoseada “justicia social”- llegó al poder por voluntad popular para, finalmente, acabar sentenciado por aceptar una coima de 3.7 millones de dólares de la constructora OAS -muy conocida también en el Perú por el presunto pago de sobornos-, mientras se ventilan otras causas en su contra.

En nuestro país, hemos tenido avances en las investigaciones acerca del caso de las coimas pagadas por constructoras. Sin embargo, casos como el de Ollanta Humala, Nadine Heredia y Alejandro Toledo -pese a ser los más emblemáticos- siguen en manos del Ministerio Público, mientras que se ha avanzado poco en los otros procesos contra los cientos de funcionarios públicos de mando medio que otorgaron sospechosas licitaciones a las compañías corruptoras.

La complicada situación que atraviesa Lula da Silva -quien en unos días podría ser encerrado en un penal- es una muestra de que al menos en Brasil la justicia funciona sin privilegios para nadie, por más “persecución política” que se alegue. Lo mismo debe suceder en el Perú, donde deben iniciarse los procesos judiciales sin más pérdida de tiempo. Con demoras como las que se ven en el caso de Toledo, no vamos a ninguna parte.

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