El abuso sexual a menores de edad es una dolorosa realidad en nuestro país. Las frías estadísticas y casos como el del Sodalicio y el del Héctor de Cárdenas nos muestran que la prescripción, en muchas oportunidades, juega a favor de los victimarios y en contra de la justicia. La legislación actual no tiene en cuenta que los menores que sufren o han sufrido estos abusos enfrentan una serie de circunstancias y de dificultades (inmadurez, confusión, dependencia del mundo adulto, amenazas, etc.) para reconocerse como víctimas de estos crímenes y que, para ello, requieren de tiempo, que es precisamente lo que actualmente se les niega. Por ello, en los próximos días estaré presentando una iniciativa legal que busca poner fin a la impunidad asociada a estos delitos. El proyecto propone un régimen de prescripción especial que establece claramente que el plazo de prescripción solo se contará a partir de que el Ministerio Público inicie sus actuaciones. Además, busca complementar las iniciativas planteadas por mis colegas Alejandra Aramayo y Moisés Guía a fin de obtener el nuevo marco legal que las víctimas nos exigen. A nivel regional, felizmente, tenemos una corriente favorable que nos marca el camino a seguir. Así, en Argentina, El Salvador y España ya se cuenta con normativa importante sobre el tema. En México y Chile, la lucha aún está pendiente de culminarse; en Ecuador, recientemente el presidente Moreno ha planteado una consulta popular para cambiar esta situación. Confío entonces en que en el Perú nos pongamos a la altura de este reto y logremos el consenso político necesario para concretar estos cambios. Las víctimas esperan.