Machu Picchu, construcción inca y una de las 7 Maravillas del Mundo Moderno, es Patrimonio de la Humanidad declarada por la UNESCO.

Fue un importante centro político, religioso y administrativo del Imperio Inca, con una impresionante arquitectura, templos, andenes y sistemas de agua, que fue redescubierto en 1911 por Hiram Bingham.

Su administración atraviesa serios problemas, prácticas monopólicas ilegales, acciones patrimonialistas desde el Estado y corrupción donde priman los intereses particulares sobre el interés de la Nación.

El excesivo y no planificado número de visitantes satura este patrimonio, generando degradación del entorno y acelerando su deterioro. Los problemas administrativos y logísticos en la venta y gestión de boletos, así como el acceso problemático, nos acercan a ser declarados como “destino no recomendable”, generando descontento del sector turístico y la población local.

Lo que fuera construido como alojamiento para investigadores y custodios cambió de manos terminando en el hotel actual, restaurado bajo la supervisión del Instituto Nacional de Cultura, y gerenciado por la cadena Perú Belmond Hotels.

Hay problemas en el transporte para llegar a nuestra maravilla mundial, desde el Cusco a la localidad de Aguas Calientes (No olvidemos que Rafael López Aliaga está vinculado a intereses en Perú Rail), y de allí hasta la llacta de Machu Picchu, donde opera el monopolio de la empresa Consettur, contrato declarado anticonstitucional, que expiró el 4 de septiembre 2025.

Es necesario eliminar los monopolios inconstitucionales, violatorios del artículo 61° de nuestra Constitución, establecer un manejo racional del aforo y preservar esta maravilla, propiedad de la Nación.