Maduro: Dictador y violador de DD.HH.

La Organización de los Estados Americanos - OEA, acaba de aprobar una resolución por la cual califica al régimen que domina de facto en Venezuela, de una dictadura consolidada. Aunque debió hacerlo hace ya buen tiempo, es muy importante que así se haya consumado la calificación jurídica. En América las dictaduras, que son los gobiernos impuestos por la fuerza, es decir, en contra de la voluntad del soberano, que es el pueblo, el único capaz de conceder el poder legítimo para la gobernanza intraestatal, se dieron al por mayor, sobre todo durante el siglo XX -nuestro país no se libró de este tipo de gobiernos-, que le han hecho mucho daño a los Estados y a sus proyecciones nacionales. Hoy, el continente mantiene 3 dictaduras -Cuba, Nicaragua y Venezuela-, realmente insostenibles a la luz de un tiempo en que América debe estar a tono con los nuevos desarrollos internacionales, debiendo superar ese mayor óbice para con las democracias. El caso de la dictadura en Venezuela que nos ocupa va de la mano de constituir uno de los países con mayor registro de violación de los derechos humanos. Es evidente que esta relación es una lamentable regla que se da en el país llanero. Por alguna razón el Informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela ha concluido lo que todos sabemos, es decir, que el dictador Nicolás Maduro y algunos de sus ministros, están vinculados con crímenes de lesa humanidad, y por tanto, sujetos de imputación penal. La OEA, seguro debe haber tomado nota de este contundente informe de la ONU y este foro planetario, evaluar, ahora que acabamos de celebrar el 72 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la insostenible permanencia de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. No es posible que un país cuyo régimen ha sido acusado de acciones flagrantes de violación de derechos humanos siga ocupando un lugar en el referido Consejo de las Naciones Unidas. Se trata de un asunto de principios que la propia ONU, investida de relevante autoridad moral ganada con su creación al final de la Segunda Guerra Mundial, no puede evadir.