El anuncio de que cinco países de la región, que incluye al Perú, denunciarán a Nicolás Maduro y a otros nueve miembros de su cúpula ante la Corte Penal Internacional (CPI), por crímenes de lesa humanidad, intranquiliza al dictador.
Lo voy a explicar. Antes, convendría aclarar que la CPI es una instancia judicial internacional distinta a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que seguramente puede ser más conocida para usted, amigo lector, dado que esta última resolvió en 2014 la controversia de delimitación marítima que tuvimos con Chile. Mientras la CIJ es el mayor órgano judicial de la ONU, la CPI no pertenece a la ONU; asimismo, mientras que ante la CIJ se presentan DEMANDAS y solo son partes del litigio los Estados, ante la CPI, se activan DENUNCIAS contra personas físicas, de allí que la CPI es la más trascendente instancia jurídico-punitiva planetaria que haya consensuado la humanidad y, lo más importante, individualizando al autor del delito, pues se trata de juzgamientos de personas naturales. Lo que tienen en común los dos fueros, la CPI y la CIJ, es que su sede se encuentra en la ciudad de La Haya, Países Bajos, por lo que esta ciudad es considerada la metrópoli del derecho internacional y de la paz mundial. Sigamos. Conforme al Estatuto de Roma (1998), que es la carta constitutiva de la CPI, los únicos crímenes que esta juzga, además de los referidos de lesa humanidad imputados a Maduro y a sus compinches, son el genocidio, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Nada más. Antes de la CPI, que tiene vocación de jurisdicción universal -son partes más de 123 Estados-, el mundo contó con otras cortes específicas, como el tribunal de Núremberg y de Tokio para juzgar los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial o en los 90 del siglo XX con los tribunales para la ex Yugoslavia y Ruanda. Aunque ya existe una denuncia preliminar con investigación en curso por la Fiscalía de la propia CPI (Febrero, 2018), cobra relevancia que ahora lo incoarán cinco Estados. A Maduro le preocupa que pueda terminar como el presidente de Sudán, Omar al Bachir (Desde 1993), imputado y con orden de arresto por crímenes de guerra y lesa humanidad en 2009.