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Seis días antes del anunciado paro magisterial convocado por la dirigencia radical que lidera el profesor Castillo, publicamos el 12 de junio en este diario un artículo dirigido “a los colegas maestros”. Decíamos que era comprensible que el año pasado hubiera una huelga magisterial, por cuanto constituía un grito en la búsqueda de dignidad, de mejores remuneraciones y, sobre todo, de respeto a su experiencia y formación de educadores profesionales. Pero que ahora las condiciones eran distintas porque se habían producido mejoras salariales, otorgamiento de bonificaciones para directores encargados y el comienzo del pago de la deuda social. Pero, además, porque estaba en marcha el fortalecimiento de la meritocracia magisterial con concursos de nombramiento anuales, de ascensos con vacantes significativas para las escalas superiores, así como de acceso a directores de colegios. Todo ello en un marco de diálogo y principio de autoridad. Por eso expresábamos nuestra confianza en que la mayoría del magisterio nacional -a diferencia del año pasado- no iba a abandonar nuevamente a sus estudiantes, afectando seriamente sus aprendizajes.

La huelga comenzó con un 5% el 18 de junio, para irse debilitando, al punto de llegar el 3 de julio a menos del 2%. Es en estas circunstancias que se “suspende” la paralización para evitar la extinción total que se avecinaba.

Que la gran mayoría del profesorado no haya escuchado a Castillo muestra su compromiso social y profesional con el derecho a la educación de sus alumnos y con el fortalecimiento de la escuela pública. No obstante, esto no implica que haya renunciado a sus justas aspiraciones profesionales y económicas. Por eso, hace bien el Ministerio de Educación en reafirmar que se compromete a seguir trabajando, en un contexto de diálogo, para mejorar las condiciones laborales de los maestros y maestras, así como la calidad de la escuela pública.