En sus primeras declaraciones a la prensa luego de asumir el cargo, la flamante fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, se tomó un tiempo para recordar al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, que ella -y todos los fiscales del país- tienen autonomía institucional, que no permiten presiones políticas ni económicas y que tienen la potestad de investigar a quien sea en el marco de sus atribuciones.

Además, explicó que su gestión continuará el proceso que se sigue contra el presidente Pedro Castillo en los mismos términos en que fue dirigida por el fiscal de la Nación interino, Pablo Sánchez, “por cuanto la investigación se desarrolla según el debido proceso, respetando el debido proceso y las normas legales”.

Esta aclaración es importante porque desde el gobierno, específicamente el premier Torres, viene diciendo hace semanas -sin ninguna prueba que sustente sus dichos-que las investigaciones que la Fiscalía y el Poder Judicial realizan contra el mandatario forman parte de un complot que busca poner fin a la gestión de Castillo.

Recordemos al señor premier que la separación de poderes es la base de la democracia y que no puede calificar de “golpistas” a las instituciones que cumplen su labor ante los indicios de delitos en el entorno presidencial.