El papa Francisco ha decidido disolver y desaparecer para siempre al Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) y sus ramas, luego de 25 años de las primeras denuncias de abusos físicos, sicológicos y sexuales contra algunos de sus miembros, lo cual está muy bien. Es más, esto debió suceder hace varios años.

Sin embargo, la disolución de este grupo religioso ultraconservador fundado por Luis Fernando Figari, que vive oculto en Roma, nada tiene que ver con las sanciones penales que tendrían que aplicarse a los abusivos y degenerados, pues ese tipo de delitos se castigan con las leyes y no solo con cancelaciones, penitencias, rezos o aislamientos.

Si Figari y compañía son culpables de abusos de toda índole, tienen que ir a la cárcel y pagar una reparación a los soldálites afectados luego de la respectiva investigación y el dictado de una sentencia. Es por eso que el Ministerio Público tiene que mostrar resultados de sus pesquisas que parecen suspendidas en el tiempo.

Ningún religioso con sotana o sin ella, puede estar más allá de los alcances de la justicia que debe perseguir a todos los que cometan delitos dentro del país. Los procesos y las sanciones contra los abusadores del SVC, tendrían que estar recién por comenzar.