El reciente incidente en el sistema de transporte de gas volvió a recordarnos algo incómodo: nuestra seguridad energética sigue pendiendo de un hilo. O, más precisamente, de un tubo.

Pero el problema no es solo técnico. Es estratégico. Durante años hemos tomado decisiones sobre el gas natural de manera fragmentada, reaccionando a coyunturas o negociando adendas aisladas, sin una visión integral del sistema. El resultado es un sector que funciona, sí, pero con vulnerabilidades evidentes.

El Perú necesita volver a pensar su política gasífera con horizonte de mediano y largo plazo. Eso implica empezar por lo básico: aumentar las reservas probadas. Sin más exploración, el país no puede sostener una estrategia energética sólida.

El segundo frente es el transporte. No es razonable que un país dependa de un único corredor crítico para movilizar un recurso estratégico. La redundancia en sistemas de transporte —rutas alternativas, infraestructura complementaria— no es un lujo; es una condición mínima de seguridad energética.

El tercer elemento es la distribución. El gas natural debe llegar a más regiones del país. No solo a los grandes centros urbanos, sino también a ciudades intermedias y polos productivos que podrían beneficiarse de una energía más limpia y competitiva.

Y, sin embargo, hay una paradoja difícil de explicar: en varias zonas donde el gas se produce, este termina siendo todavía más caro que en otras regiones. Algo claramente no está funcionando bien en la forma en que hemos estructurado el sistema.

El gas natural podría ser uno de los pilares del desarrollo energético del Perú en las próximas décadas. Pero para eso se requiere algo que ha estado ausente demasiado tiempo: planificación seria, coherente y de largo plazo.