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La Comisión Europea por la Democracia -más conocida como Comisión de Venecia- fue creada en 1990. Es un órgano consultivo del Consejo Europeo que brinda asesoría legal sobre proyectos de ley o legislación vigente a los países miembros.

La Comisión de Venecia tiene 62 integrantes. El Perú forma parte de ella desde el 2009 a través del Tribunal Constitucional, que ha recibido opiniones respecto de casos sobre derechos humanos, uno de ellos el de El Frontón.

En ese sentido, el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, decidió -por cuenta propia y sin autorización del Parlamento- pedirle una opinión a la Comisión de Venecia sobre si el proyecto de ley de adelanto de elecciones propuesto por el Poder Ejecutivo puede ser sometido a una cuestión de confianza; debido a que existen dudas acerca de “si los principios democráticos de separación de poderes y de pesos y contrapesos entre los mismos están siendo observados”.

La Comisión de Venecia ha respondido al pedido del presidente del Congreso señalando que visitará el Perú durante la segunda mitad de setiembre, y que el 11 y el 12 de octubre emitirá la opinión solicitada.

Es clara la posición de Fuerza Popular y de sus bancadas afines: dilatar el debate del proyecto de ley de adelanto de elecciones para hacerlo materialmente imposible de cumplir. Por ello, hemos votado en contra en la Comisión de Constitución sobre el plan de trabajo propuesto por su presidenta, ya que necesitamos un cronograma específico para discutir la iniciativa del adelanto de elecciones generales, la cual no ha sido aprobada.

Hacerle consultas a un organismo internacional cuya opinión no es vinculante no solo es entrampar y dilatar el debate, sino que además implica no tener la más mínima intención de resolver la crisis política del país.