El debate público sobre infraestructura en el Perú se ha empobrecido peligrosamente. Hemos reducido una discusión estratégica, esencial para el desarrollo, a una confrontación casi ideológica sobre modalidades de ejecución: obra pública tradicional, asociaciones público-privadas, gobierno a gobierno. Esa pelea, más cercana a una disputa de intereses que a una reflexión técnica, nos hace perder de vista lo fundamental: la productividad.

La infraestructura no es un fin en sí mismo, sino un medio para conectar mercados, reducir costos logísticos, elevar la competitividad y cerrar brechas territoriales. Por ello, la pregunta central no debería ser “quién ejecuta”, sino cómo ejecutamos más rápido y cómo aseguramos los recursos para ello.

Para alcanzar ese objetivo, el país necesita un verdadero modelo de gestión eficaz de la infraestructura. Esto exige capacidades técnicas sólidas descentralizadas, reglas claras, planificación rigurosa y continuidad más allá de los ciclos políticos. No se trata de súper dotar a entidades específicas ni de crear clubes de amigos con poder discrecional, sino de impulsar una reforma integral del Estado que ordene competencias, fortalezca la gestión pública y establezca responsabilidades claras.

Asimismo, el cumplimiento de metas fiscales es importante, pero no puede convertirse en un fin absoluto o una herramienta para promover medidas que socavan el capítulo económico de la Constitución.

Finalmente, el Perú debe empezar a pensar en largo plazo y en la institucionalidad necesaria para ello. Pensar en infraestructura a veinte o treinta años, alineada con una estrategia productiva nacional, es la única manera de salir del péndulo de decisiones improvisadas. Menos dogmas, más productividad; menos disputa, más Estado eficaz. Más economía, menos discurso.