Más plata, menos armas

Cuando los candidatos a las diversas alcaldías del norte del país se presentaron -créanme-, el tema de la seguridad ciudadana no era su prioridad. Pese a la ola criminal, con robos y extorsiones que son moneda corriente hoy en día, nadie tuvo un plan integral para una relativa salida al problema.

Ahora, quienes llegaron al sillón municipal, los alcaldes, ensimismados por este mismo problema que no permite el desarrollo de sus ciudades ni la paz de los vecinos, desean chapar el fusil de guerra para asustar al hampa por un tiempo. Es el facilismo. El mensaje es “como no planeé nada, entonces mejor le encargo el trabajo al Ejército”.

Invertir en tecnología, dotar de gasolina a los patrulleros, así como elaborar un trabajo conjunto con la Policía son temas básicos para combatir la inseguridad ciudadana. Sin embargo, se debe detallar el cómo de las cosas. Es muy fácil enumerar estas estrategias, pero se necesita un poco más de sesos para explicar la manera de desarrollarlas.

La declaratoria de emergencia en ciudades norteñas debido a la inseguridad ciudadana no permitirá que nuestras autoridades se iluminen. No, que no nos mientan. Un estado de excepción a lo mucho logra que las adquisiciones públicas sean más rápidas, que echen mano del tesoro público y empiece el derroche.

Veamos, la compra de cámaras no garantiza una reducción de la delincuencia si es que dicha tecnología no está integrada a un grupo de élite de la Policía. Este último deberá contar con planes estratégicos preventivos y reactivos, así como con el equipamiento adecuado para combatir los hechos delictivos. Todo en paquete. Y los alcaldes deben liderar esta lucha.

Decir que la delincuencia ha sobrepasado la capacidad de los agentes del orden es un golpe moral muy bajo, de lo peor que he podido escuchar. Las autoridades no están para debilitar la institucionalidad de la Policía, sino para reforzarla. Si el cabecilla de una banda organizada se entera de lo dicho, entonces hará fiesta, cual ratón en casa sin gatos.

Que ni el Congreso ni el Ejecutivo se presten a estos pedidos de emergencia. Es tarea del Ministerio del Interior trabajar en esta problemática; si no lo hace, ¿para qué está?, ¿para qué tanto presupuesto? Si los alcaldes quisieran mejorar la situación, deberían comenzar por exigir al Gobierno que dicho ministerio invierta más.