Otro caso con ribetes de escándalo acaba de ocurrir en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. La destitución de Julia Príncipe, representante de la ministra de Justicia ante el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, y Katherine Ampuero, procuradora ad hoc del caso Odebrecht, ha generado múltiples comentarios negativos.

Sin duda, esta decisión ha terminado por originarle al Gobierno más problemas de los que ya tiene. No solo por la apariencia de un acto impulsivo, precipitado y desatinado, sino también porque se nota una falta de unidad entre todos los actores que deben defender al Estado en el caso Odebrecht, tal como lo precisó el exfiscal Avelino Guillén. “Es una crisis y se carece de una articulación de los organismos responsables de combatir el delito”, añadió.

Es un mal mensaje del Gobierno, que en los últimos días había mostrado una proclividad al consenso, la mesura y la madurez política dialogando con los líderes de la mayoría opositora. En el caso de las procuradoras ha hecho todo lo contrario a lo que postulaba.

Además, se ha dejado de manifiesto cierta presión del Gobierno y algún afán de conseguir arreglos bajo la mesa. “La ministra Marisol Pérez Tello me pide que destituya a la procuradora Ampuero, y que era un pedido del presidente Kuczysnki y del premier Zavala. Es una clara injerencia del Poder Ejecutivo”, dijo Julia Príncipe.

El problema es que se ha puesto en tela de juicio la independencia de un organismo que necesita autonomía para tener éxito en la lucha contra la corrupción.