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El Ministerio Público está en la obligación de investigar a todas las personas sobre las que haya sospechas de actos dolosos durante su paso por administraciones nacionales o locales manchadas por el barro del caso “Lava Jato”, sin excepción. Acá ya no caben las “vacas sagradas” ni los indignados, que antes eran intocables porque se promocionaron como “honestos” o porque en tiempos de gloria salían a lavar banderas a la Plaza San Martín.

A estas alturas, los peruanos estamos curados de aquellos que se vendían políticamente como la “reserva moral” del Perú. Miremos dónde están ahora Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Susana Villarán. Es por eso que el brazo investigador de los fiscales debe de alcanzar a todos los que estén bajo sospecha. Y nada de picarse, molestarse, indignarse o denunciar -sin mayor sustento- campañas en su contra. De eso ya hemos tenido bastante en los últimos años.

En las últimas horas se han conocido unos correos entre Augusto Rey, exfuncionario de la gestión de Susana Villarán y luego candidato a teniente alcalde de la detenida exburgomaestre, y gente de la corruptora OAS. Esto es algo que debe investigarse. El abogado fue columnista de Correo entre 2016 y 2017, y en lo personal siempre hubo una relación cordial. Pero acá hay muchas cosas que aclarar. Ayer ha mostrado buena disposición a despejar las dudas. Es saludable.

Lo mismo vale para la exregidora villaranista y hoy congresista de izquierda Marisa Glave. Si el terreno está parejo, debería ser la primera en abrir las puertas al trabajo del Ministerio Público que muchos aplauden. Es lo que toca en una coyuntura como la actual, en que estamos viendo que la corrupción está brotando por todas partes. La presunción de inocencia y la dignidad de las personas deben de ser respetadas siempre, pero las investigaciones deben de darse.

Desde hace mucho tiempo he señalado la necesidad de que la lucha contra la corrupción no debería centrarse solo en los “peces gordos”, sino también en los funcionarios de más abajo y en los mandos medios que han podido tener participación en actos dolosos, pues un presidente, un ministro o un alcalde no pueden actuar solos por más poder que tengan. Dudas hay, indicios hay y los fiscales están en la obligación de hacer su trabajo.