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En los últimos años, la participación del Estado en diferentes asuntos fue timorata, y abandonó su responsabilidad de asumir roles que le compete desempeñar.

De manera permanente se reclama participación efectiva y ejecutiva a los representantes del Gobierno en cada uno de sus niveles, donde parece no existir voluntad para atender de manera oportuna las demandas de la población, donde se acostumbra a protestar violentamente para recién ser escuchados. Política errada que predomina y acabaría si existiera principio de autoridad y respeto, que se perdió por la informalidad en la que se gobierna.

Es cierto, se viven momentos críticos y duros, donde cada día que pasa se descubren nuevos casos de corrupción o acciones que se busca encubrir por parte de nuestra desgastada clase política.

Pero el Estado, ante tal situación, está en el imperioso reto de asumir su rol promotor del bienestar de los peruanos, y qué mejor que incentivando inversiones privadas para generar trabajo para tantos miles de pobladores desocupados.

Dentro de este proceso para recuperar esos roles, es indispensable encontrar soluciones a proyectos entrampados y cuyo problema lo generan sectores políticos interesados en bloquear inversiones, como ha pasado en los últimos 18 años.

El reciente anuncio formulado en Arequipa por el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, para conformar un Comité de Gestión e Información Minero Energético, destinado a buscar alternativas y viabilizar proyectos mineros trabados por falta de información, es un importante paso y se desea que tenga los resultados esperados.

El país no está en la posición de darse el lujo de perder recursos, en especial ahora que caminamos al bicentenario de la Independencia Nacional.