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El Congreso aprobó el informe en mayoría de la comisión “Lava Jato”, que investigó presuntas coimas recibidas por funcionarios por concesiones, obras y proyectos adjudicados a empresas brasileñas y peruanas.

El excongresista Juan Pari presentó el 2015 un informe en minoría sobre cómo operaban estas empresas, con operadores políticos en las más altas esferas de los gobiernos, a cambio de millonarias coimas. Sin embargo, el Congreso anterior desestimó el informe.

La Comisión incluyó entre funcionarios que habrían beneficiado a estas empresas a expresidentes como Alejandro Toledo, Ollanta Humala y PPK, a Susana Villarán y Luis Castañeda, exalcaldes, a expresidentes regionales, exministros y exfuncionarios de alto nivel.

El Ministerio Público debe investigar y determinar responsabilidades constitucionales, administrativas, civiles y penales, por eso desde Nuevo Perú hemos votado a favor de continuar este proceso.

La gran omisión, pese a estar muy cuestionados, han sido Alan García y Keiko Fujimori. Se quiere borrar la responsabilidad de García por el Tren Eléctrico, cuando hay funcionarios de alto nivel detenidos por coimas recibidas y cuentas en paraísos fiscales, mientras que en el caso de Keiko Fujimori por los aportes, cada vez más evidentes, de Odebrecht a su campaña del 2011, y que se pretendió esconder con falsos aportantes, hoy descubiertos, por lo cual se encuentra con prisión preventiva.

Investigaciones a medias no ayudan a esclarecer las verdaderas responsabilidades que habrían cometido estos y otros funcionarios. Se necesita continuar y ampliar la investigación.