A casi un mes de asumir la Presidencia de la República, Keiko Fujimori se prepara para presentar esta semana ante el Congreso el pedido de facultades legislativas para enfrentar dos de los problemas más urgentes del país: la criminalidad y las emergencias asociadas al fenómeno El Niño. La solicitud llega en un momento en que la ciudadanía reclama respuestas concretas. La inseguridad se ha convertido en una amenaza cotidiana y los riesgos climáticos exigen que el Estado esté preparado para actuar con rapidez. Por ello, otorgar facultades al Ejecutivo puede ser una herramienta necesaria para acelerar decisiones y poner en marcha medidas que no admiten mayores demoras.

El Congreso tiene ahora una responsabilidad que trasciende las diferencias partidarias. Las bancadas deben analizar el pedido con seriedad, revisar sus alcances y establecer los controles que correspondan, pero sin convertir una emergencia nacional en otra batalla política. El país necesita que Ejecutivo y Legislativo sean capaces de encontrar puntos de coincidencia cuando están en juego la seguridad y la vida de los ciudadanos.

La presidenta prometió durante la campaña recuperar el orden y devolver tranquilidad a los peruanos. Ahora tiene la oportunidad de convertir esa promesa en una política concreta. Las facultades legislativas pueden facilitar ese propósito, pero no sustituyen la capacidad de gestión ni la responsabilidad de tomar decisiones acertadas.

-