La eficiencia del sector público es fundamental para lograr un Perú competitivo y desarrollado. En atención a ello, el Informe de Competitividad 2020 incorpora este factor en su análisis y presenta propuestas en lo referido a los recursos humanos, el arreglo institucional de la gestión pública y la política de control.

Como indica el Informe, Perú se ubica en el puesto 98 de 141 en el indicador de performance del sector público del Ranking de Competitividad del Foro Económico Mundial; y en dos indicadores relacionados, institucionalidad e infraestructura, nuestro país también está atrasado, en los puestos 94 y 88, respectivamente.

La limitada eficiencia del sector público afecta cada día a ciudadanos y empresas, que deben enfrentar trámites engorrosos, mala calidad de servicios e infraestructura sin mantenimiento. De acuerdo al Barómetro de las Américas, en Perú la satisfacción de los usuarios con las carreteras, la educación pública y la salud pública está por debajo del 50%.

Con el renovado interés del Poder Ejecutivo de realizar cambios vía decretos de urgencia, haría bien en dar atención a las propuestas planteadas para mejorar la

eficiencia del sector público.

Sin duda, lograr una cobertura universal de salud con calidad, un servicio educativo público de calidad, la reconstrucción del norte del país, la reducción de la violencia contra las mujeres, la disminución de la inseguridad ciudadana, la ejecución de los presupuestos públicos, requieren funcionarios probos y competentes que tomen decisiones oportunas y acertadas.

En particular, enfoquémonos en reclutar mejor en puestos claves y en impulsar un Sistema de Control que se centre en perseguir el dolo -y no a funcionarios probos que cometieron una falta administrativa u opinaron de manera diferente al auditor-.

En 1997, el Informe sobre el Desarrollo del Banco Mundial resaltaba que tener un Estado eficiente era una necesidad y no un lujo para los países. Más de 20 años después, este enunciado sigue estando vigente.

Abordemos la eficiencia del sector público con prioridad; de lo contrario, los ofrecimientos políticos, las normas y los presupuestos públicos serán solo buenas intenciones y no se traducirán en servicios de calidad para los peruanos.

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