Sin duda es una muy buena noticia que el Poder Legislativo haya anunciado a través de los titulares de ambas cámaras, que está devolviendo 300 millones de soles de su presupuesto asignado para este año, al Poder Ejecutivo, producto del ahorro por la eliminación de alquileres y diversas medidas de austeridad, lo que permitirá que dicho monto sea usado directamente para la atención de situaciones como las que genera la inseguridad en las calles y el fenómeno El Niño en diversas zonas del país.
Eso por un lado, pero por otro, no deja de generar una amarga sensación el ver, con este ahorro, que en los últimos años las diversas mesas directivas del Congreso han despilfarrado la plata de todos los peruanos. Si ahora, con dos cámaras y más legisladores, es posible gastar menos, cómo se explica la diferencia. Sería bueno saber qué dicen al respecto quienes han tenido la responsabilidad del manejo del Poder Legislativo, esos que se indignaban cuando se les criticaba por los excesos.
Deberían explicar, por ejemplo, si estos ahorros implican la eliminación de ciertas gollerías como los bonos que se pagaban por “acuerdo sindical”, las ya famosas canastas navideñas que eran una verdadera cachetada a los militares, policías, profesores y enfermeras que si reciben un panetón es mucho, y el ingreso a la planilla de los amigos y partidarios de quienes tomaban las decisiones. ¿Se acuerdan de la “hija política” de César Acuña que tenía la foto de su líder en su oficina y cobraba 19 mil soles mensuales?
Sin embargo, más allá de acabar con estos “privilegios” en un país con tantas necesidades, lo que se necesita en el Congreso, además, es restringir el ingreso a la planilla de gente con antecedentes nefastos como los de haber sido adherente a un grupo de fachada senderista. A ver si en cualquier empresa privada, una oficina de recursos humanos que se respete va a permitir esta situación que es una vergüenza y hasta una ofensa para todos los peruanos. Se les dice “espera, que te vamos a llamar”, y se acabó el problema.
Es verdad que no hay sentencia contra esta gente, pero tampoco existe la obligación de contratarlos por más que vengan con la “recomendación” de algún congresista como los que ya sabemos quiénes son. Si la reducción de gastos en el Poder Legislativo viene acompañada de mejores criterios para la selección de los trabajadores, el panorama sería mucho mejor. Es el siguiente paso que deberían dar. No creo que Miguel Torres, ni el titular de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, que es un general del Ejército, se opongan.