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Los plásticos de un solo uso representan en la actualidad un problema serio a escala global. Según el Programa de Naciones Unidas para el Ambiente (PNUMA), originan el 95% de la basura que existe en los océanos. Asimismo, recientes estudios indican que este material ya estaría presente en la cadena alimenticia humana y en la sal de mesa que se consume a nivel mundial, a través de los denominados “microplásticos”. Es entonces no solo un problema ambiental, sino también de salud pública.

Por ello, desde el Parlamento Europeo han dado un gran paso disponiendo que estos productos no sean comercializados a partir del 2021. En Chile, apostaron este año por prohibir la entrega de bolsas plásticas en comercios; y en Colombia, desde el 2016, ya se cuenta con legislación similar que incluso crea un impuesto al consumo de las mismas. En nuestro país, estamos cerca de lograr una legislación de avanzada. Ello gracias a que, tras meses de arduo trabajo, por fin contamos con dictámenes aprobados por la Comisión de Economía y por la de Pueblos Andinos. Resta ahora que en el pleno podamos aprobar el tema, y así lograr una regulación de vanguardia que sea útil para combatir este problema.

El consenso existe, y lo evidencian los 20 proyectos de ley presentados, el respaldo técnico del Ministerio del Ambiente, el valioso trabajo de organizaciones de la sociedad civil, las iniciativas privadas de autorregulación y campañas como “No quiero esto en mi cebiche”. Estamos muy cerca. Como Poder Legislativo, debemos demostrarle a la ciudadanía que a pesar de nuestras diferencias podemos dar respuestas a estos desafíos.