México sigue gobernado por la violencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador, que asumió el poder en diciembre del 2018, no puede por lo menos frenarla, tal como lo prometió: "Se desató la violencia, pero la estamos estabilizando, que no continúe la tendencia de incremento en violencia. Nos va a llevar algún tiempo, pero va a empezar a bajar..." (abril del 2019). A la fecha, los indicadores de la violencia se han incrementado notablemente en un país donde la autoridad se ha mostrado incapaz de erradicarla. Hace dos semanas, ante la vista del país y del mundo entero, el propio mandatario tuvo que aceptar que no hubo otra salida que la de liberar en Culiacán (Sinaloa) a Ovidio Guzmán López -hijo del narcotraficante Joaquín "Chapo" Guzmán, quien purga una condena en los Estados Unidos de América- para evitar una masacre con un previsible alto número de víctimas civiles. Ahora la noticia que ha horrorizado al continente, y al mundo entero, ha sido el sanguinario asesinato de seis niños y tres mujeres, integrantes de una familia de mormones, en la zona de la frontera norte del país. El salvajismo no tiene límites y se muestra en toda su extensión poniendo sobre la mesa el asunto de la inseguridad ciudadana, que en nuestros países nadie puede acabar -en el Perú fue una promesa de campaña de todos los candidatos en el 2016-. Es alarmante conocer que seis Estados de América Latina se encuentran entre los 10 más violentos del mundo. En efecto, luego de Afganistán, que ocupa el primer lugar en criminalidad, se encuentran Guatemala, El Salvador, Colombia, Venezuela, México y Honduras. En tierras aztecas, la violencia y la criminalidad están asociadas al tráfico ilícito de drogas, la extorsión y el robo, registrándose el año anterior 29,168 homicidios, lo que representa un incremento del 27% respecto del 2017; es decir, México, con 127.5 millones de habitantes, reporta 80 asesinatos al día. La inseguridad desalienta la inversión y reduce el turismo, factores claves del crecimiento y el desarrollo mexicano. Para combatirla (fase disuasiva), entre otras decisiones -también en el Perú-, los militares deben salir a las calles.