Tal como lo creímos, y por adelantado, el reciente informe final de la Organización de Estados Americanos (OEA), sobre el proceso de elecciones presidenciales en Bolivia del domingo 20 de octubre, concluye en que estuvo plagado de irregularidades e ilicitudes que explican el por qué de la renuncia de Evo Morales Ayma a la presidencia de su país. Evo sabía que el pueblo jamás iba a avalar su inconducta política y también que los militares nunca iban a proteger a un régimen que, en ese momento, estaba cruzando la barrera de lo permitido. Viéndose rodeado por la legalidad y la legitimidad, bases para el ejercicio de una justa administración de justicia, la ausencia de moral política en Evo fue la base de su febril desenfreno que a querer perpetuarse en el poder. Evo hizo todo para ganar espacios y posiciones políticas que le permitieran luego un contexto totalmente permisivo a sus propósitos dictatoriales; es decir, contar con un Parlamento otra vez subordinado a sus antojos, que en sus narices aceptara el asalto a la voluntad popular. De acuerdo con el informe de la más importante organización político-hemisférica, la manipulación de las actas, cédulas de votación y otros instrumentos de sufragio electoral confirmaron el tamaño del escándalo. Evo sabía de las irregularidades en torno al proceso electoral, sencillamente, porque lo permitió; sin embargo, no calculó que el pueblo boliviano ya no iba a permitirle permanecer al frente del país un solo instante más ante la evidencia de consumar un fraude electoral. El importante informe de la OEA debe leerse como un espaldarazo para Luis Almagro, que busca repetir el plato al frente de la organización continental toda vez que su candidatura ha sido promovida por Colombia y, además, cuenta con el apoyo de los EE.UU., que es el apoyo real del mayor poder planetario. Evo Morales debe hallarse muy preocupado porque el informe de la OEA aleja la idea forzada de que fue un buen presidente. Morales debería entrar en una cura de silencio, que es lo único que podría atenuar su suerte de las imputaciones político-jurídicas, porque moralmente terminó descalificado.