La Constitución de 1993, de esencia fujimorista y aprobada por un referéndum fraudulento, establece en el artículo 66 “los recursos naturales... son patrimonio de la Nación”, … “La concesión otorga a su titular un derecho real”. Hoy casi la totalidad de los terrenos con potencial minero han sido denunciados y tienen concesionarios.

Las concesiones mantienen su vigencia pagando anualmente entre $ 0.50 y $ 3.00, por hectárea y caducan si no se paga el “derecho de vigencia” durante dos años consecutivos.

Esto incentiva la especulación de quienes son titulares de las concesiones, arrendando y subarrendando la explotación del mineral. La mayoría de mineros terminan siendo informales o ilegales.

Para “formalizar” este trabajo minero se crea REINFO (Registro Integral de Formalización Minera) mediante DL 1293, en junio del 2017, ofreciendo a los inscritos el desarrollo de sus actividades mineras sin temor a sanciones, incluso penales.

La vigencia del REINFO vuelve a prorrogarse hasta el 31 de diciembre del 2025, a través del DS 012-2025-EM, ofreciendo, otra vez, que ya no habrá más prórrogas.

Que se otorgue concesiones mineras sujetas solamente a un pago y sin que se obligue a la explotación del área, permite la práctica del arriendo y subarriendo de esas concesiones. Este sistema permite el desarrollo impune de la delincuencia, extorsión, sicariato.

Proponemos que el Estado compre el oro a los productores disminuyendo drásticamente la criminalidad durante el transporte, implementar “canchas de relave” y “procedimientos no contaminantes”, para no contaminar o contaminar menos. Si el Estado continúa evitando sus funciones, no habrá REINFO que funcione.