Un reciente operativo policial contra una banda ligada a la minería ilegal que opera en el sector La Pampa, provincia de Inambari, en Madre de Dios, terminó con la muerte de tres delincuentes y la lamentable pérdida de un efectivo de la Policía Nacional, mientras que otro quedó gravemente herido con un tiro en la cabeza. La acción también permitió la incautación de 15 fusiles de alto poder de fuego, lo que es una muestra más de cómo viene creciendo la criminalidad en esta alejada zona del país.

Tal como informamos el martes en Correo, estos hampones son parte de la banda denominada “Los guardianes de La Pampa”, dedicada a la minería ilegal, sicariato y extorsión, lo que deja en claro que la extracción al margen de la ley no siempre tiene que ver con una actividad de “pobres lugareños” que mientras buscan la formalización, sacan oro “para subsistir en medio de la pobreza”. Falso. Lo que hay acá, al menos en esta zona del país, son verdaderas organizaciones capaces de enfrentarse a la autoridad con armas de guerra.

A esta situación se suma que la minería ilegal, especialmente en Madre de Dios, es un foco eterno de otros delitos como contaminación, trata de personas, explotación sexual infantil, abusos laborales y evasión tributaria. Todo esto es un cáncer que al igual que la extorsión y el sicariato en la costa norte, se está dejando crecer sin control. El haber hallado una banda con fusiles iguales o mejores a los que usan las Fuerzas Armadas, es una señal de alerta que no debería ser ignorada.

Y en medio de esta situación putrefacta en Madre de Dios, llama la atención que esos que han hecho carrera política y dinero presentándose como “ambientalistas”, jamás hayan actuado al respecto, como sí lo hacen frente a proyectos mineros formales que –irónicamente– sí cumplen con las leyes del país y son supervisados por el Estado. Los hemos visto “en pie de lucha” en Cajamarca, Arequipa, Piura y Apurímac, pero nunca en La Pampa o en la zona de Puno donde la minería ilegal opera con total impunidad.

En los últimos años ha quedado claro que la minería ilegal fomenta todo tipo de delitos. Hace poco lo hemos comprobado también con un secuestro y el asesinato de cuatro personas cerca del centro de Trujillo, así que si no se pone freno a esta actividad, más tarde podríamos pagarlo muy caro. Es verdad que esta gente hoy cuenta hasta con una bancada parlamentaria afín a sus intereses, pero el gobierno y el Estado en su conjunto, no pueden desmayar en esta lucha.

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