El Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) intenta desde 2012 regularizar la extracción informal de oro. El DS Nº 018-2017-EM, lo desarrolla como un listado de personas y empresas en regularización, administrado durante 24 meses por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), ampliándose el plazo hasta cuatro veces por el Congreso y el Ejecutivo.

Los inscritos en el REINFO son eximidos de responsabilidad por el delito de minería ilegal. Bajo su amparo se han desarrollo de actividades criminales, depredación del medio ambiente, contaminación, uso de explosivos, compra de insumos utilizados por el narco tráfico, trata de blancas, prostitución, asesinatos y robos.

El 29 de noviembre este Congreso con 87 votos a favor, 18 en contra y 12 abstenciones, lo prorrogó, hasta el 30 de junio del 2025, prorrogable por seis meses adicionales.

El fracaso en la formalización se explica por la falta de recursos, corrupción de funcionarios, especulación de los titulares de las concesiones, que no firman contratos de arriendo.

La informalidad se debe a la ausencia del Estado en el desarrollo de una minería responsable, por lo que, dejando el dogmatismo liberal de la Constitución Política, debería:

1. Comprar el oro informal en puestos del BCR, Banco de la Nación, en lugares cercanos, la Rinconada, Pataz, Ocoña, Cata Acarí, etc., evitando robos y asaltos.

2. Construir represas de depósito de relaves y sellarlos.

3. Implementar plantas de tratamiento de aguas contaminadas, así evitaríamos que la Southern contamine la sequía que pasa por Pocollay en Tacna o la destrucción del Valle el Cinto.

4. Implementar plantas de procesamiento, con métodos que no usen mercurio, altamente contaminante.

Por estos servicios el Estado cobraría e impulsaría la formalización.