Este 26 de diciembre se prorrogó, una vez más, el régimen de REINFO, Ley N°32537, hasta el 31 de diciembre 2026 o hasta que rija la ley de pequeña minería y minería artesanal, o ley Mape.

El Perú tiene aproximadamente 128,521,500 hectáreas y tienen denuncio minero 20’463,015, aunque se explotan actualmente 2’329,520, alrededor del 10%. Solamente 10 empresas en el país poseen las mayores concesiones: Fresnillo (México), Vale (Brasil), BHP World (Australia), Buenaventura y Barrick (Canadá) entre otras

El artículo 66° de nuestra Constitución establece que “Los recursos naturales… son patrimonio de la Nación… las concesiones otorgan a su titular un derecho real…”.

Este régimen no solo concentra las concesiones y el derecho a la explotación minera. Además, fomenta la especulación. Los mineros más grandes arriendan y subarriendan los lotes en concesión generando violencia e inseguridad extrema en la zona y también, hay que decirlo, ahorran costos cuando compran ese mismo mineral sin asumir la carga laboral ni de producción.

Ampliar el plazo del REINFO no soluciona los problemas. Se requiere una verdadera reforma en el sector minero: establecer un censo veraz de los pequeños mineros informales e ilegales, y delimitar zonas de explotación considerando el desarrollo territorial sostenible y no solo minería, pues las concesiones grandes o pequeñas solo se permiten en la medida que se trabajen. De otro lado, el Estado debe garantizar la menor contaminación posible o retirar la concesión inmediatamente y, asumir la compra del oro de los pequeños productores, evitando el tráfico minero que beneficia a los “formales”.