Más por fuerza que por ganas se presentó el viernes pasado ante el pleno del Congreso el ministro Thorne, para aclarar el contenido de su conversación (ilegalmente grabada) con el contralor Edgar Alarcón el 17 de mayo, en la que se le escucha condicionar la entrega de presupuesto para la Contraloría al apoyo de esta a la adenda del contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero.

Invitar a los ministros a informar está contemplado en el artículo 129° de la Constitución Política del Perú y en el artículo 84° del reglamento del Congreso. Legisladores oficialistas y periodistas asalariados hablan de prepotencia del Congreso. Tildar de prepotencia una práctica constitucionalmente establecida es antidemocrático.

El ministro Thorne negó haber hablado en nombre del Presidente y rechazó toda imputación sobre condicionamiento o chantaje ejercido sobre el Contralor. Lamentablemente para él, lo escuchado en la grabación -sobre la que ya no formuló ninguna observación- nos dice todo lo contrario. Nos revela también algo mucho más grave: que el Gobierno está conformado por personas que no tienen clara la línea que separa el “interés privado” del “interés público”. Lo que hemos escuchado es una tentativa de abuso de autoridad, presionando a otro alto funcionario. Manifiesta incluso haber hecho lo mismo con el Poder Judicial.

El ministro reconoce que de saber que sería grabado, hubiera cuidado mejor sus palabras. No se arrepiente de sus palabras, sino de que se hayan hecho públicas. Eso dice mucho de su visión de la ética. El mismo día PPK le dio su respaldo en mensaje a la Nación, señalando que había recibido “golpes y acusaciones injustas”. Está claro que persisten en la confrontación con el Congreso. Renuncia o censura son las opciones.