Se reclama que el Perú necesita reformas de segunda generación que quedaron truncas desde el segundo gobierno de Fujimori. Estas tienen que ver sobre la relación de Estado y los ciudadanos.
Hablamos de los servicios públicos, trámites burocráticos, administración de justicia, entre otros. Pero aquí la clave es la palabra de los ciudadanos y eso es un tema que está en construcción en el Perú.
Esos ciudadanos tienen derechos no negociables: DD.HH., medio ambiente no contaminado, igualdad de género (por ejemplo, en cuanto al acceso y salarios en el mercado laboral), reconocimiento de derechos de las minorías, sean estas pueblos indígenas o la comunidad LGTB.
Estos derechos no son derecha o izquierda, son derechos transversales que superan cualquier ideología. No son patrimonio de ningún partido. Sin embargo, la mayoría de ellos que se reclaman “liberales y promercado” no los consideran en sus planes de gobierno, mientras que partidos que son antimercado y de tufillo socialista han tomado estas banderas.
La sociedad peruana tuvo que aprender a la mala sobre el equilibrio fiscal y el manejo responsable de la macroeconomía, pero se olvidó de crear las instituciones para sostener el modelo, como se demuestra ahora que la economía se enfría. En el tema de derechos de los ciudadanos se han dado leyes y se han firmado acuerdos internacionales que en la práctica son un cascarón vacío.
Que el concepto de democracia sea el sentido común de régimen político para los peruanos es reciente. Todavía no es de sentido común ciudadanos con plenos derechos. Es una tarea urgente que no podemos rehuir. Los líderes no están para decir y hacer lo que las masas quieren escuchar.