Moralización judicial en peligro

Ante la crisis institucional generada por la difusión de audios que evidenciaron la ilegal actuación de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), los poderes del Estado buscaron dar respuestas efectivas para cambiar esta situación. Así, desde el Parlamento Nacional y el Poder Ejecutivo se logró destituir a todos los consejeros y se apostó por reformar la Constitución para darle un nuevo marco normativo a esta entidad.

Uno de estos planteamientos, propuesto a través del Proyecto de Ley 3159 del Poder Ejecutivo, autorizaba al nuevo CNM a revisar los nombramientos de todos aquellos funcionarios nombrados de manera fraudulenta por el destituido Consejo. Sin embargo, tanto en el predictamen elaborado por la Comisión de Constitución como en la posición pública que han asumido diversos parlamentarios, se apuesta por no incluir esta disposición en la reforma del CNM.

Estamos entonces ante una medida que afectará gravemente al sistema de justicia, tomando en cuenta que a través de la difusión de los audios se ha acreditado que en gran parte de los nombramientos hechos por los exintegrantes del CNM no se consideraron los méritos de los postulantes sino las relaciones y favores que se intercambiaban. En consecuencia, no permitir la revisión de estas decisiones es aceptar que estos fraudulentos nombramientos se mantengan vigentes. Ello es inaceptable no solo para los perjudicados, sino para la ciudadanía en general, ya que se pone en riesgo el proceso de moralización que se espera. Es necesario entonces insistir en que se mantenga este planteamiento del Ejecutivo y evitar que la confianza hacia el sistema democrático se debilite aún más.