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Entre los años 2016 y 2018, al menos cincuenta generales de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron pasados a retiro por decisión del Gobierno. Esta medida fue considerada “necesaria” en el proceso de renovación de cuadros para optimizar la funcionalidad en el mando de la institución.

Varios de los oficiales que dejaron la PNP tienen una impecable hoja de servicios; sin embargo, había otros cuestionados cuya depuración se justificaba.

Parte de estos generales separados llevaron sus casos al Poder Judicial, ya que consideraron que retirarlos de la institución de esa manera era arbitrario e injusto. Luego de presentar la documentación y argumentación del caso, las instancias de justicia les dieron la razón. Por ello, se ordenó la reincorporación de 33 de ellos, que debe ser acatada por el Ministerio del Interior. Solo se espera la firma de la respectiva resolución del presidente de la República. Así el Gobierno tiene en sus manos una papa caliente como resultado de recurrir a la poda sin cumplir los criterios administrativos básicos que respalden su aplicación. Ahora, dicha decisión parece que fue más política que técnica.

Siempre se demandó tener una PNP bien estructurada, conformada por personal eficiente e identificado con su labor, en la cual solo deben estar quienes aportan al bienestar nacional y no aquellos malos elementos inmersos en actos de corrupción. Sin embargo, se esperaba que los necesarios cambios se desarrollaran con criterio.