La propuesta de instaurar la “muerte cruzada” para resolver diez años de inestabilidad política nos invita a una reflexión. Se trata de un mecanismo que permite al jefe de Estado disolver el Congreso y convocar a elecciones generales (Ejecutivo y Legislativo) en un solo acto, devolviendo al ciudadano la facultad de consolidar una oposición parlamentaria o brindar una mayoría oficialista. Sin embargo, el obstáculo principal para su aplicación es la ausencia de un sistema de partidos estructurado, dimensionado y bajo claras tendencias ideológicas. “Experimentos solo con la gaseosa”.

El modelo de disolución parlamentaria vigente requiere la censura o el rechazo de confianza de dos gabinetes. Cumplida esta condición, el jefe de Estado decidirá aplicarla o más bien presionar a la oposición, aprovechando su naturaleza disuasoria, para forzar la gobernabilidad. No obstante, sin una representación política articulada en bloques sólidos o alianzas expresas, su eficacia real se diluye en un Congreso fragmentado.

La crisis actual nace de la ruptura de la gobernabilidad por consenso. A diferencia de los mandatos presidenciales entre los años 2001 y 2016, donde se gobernó con bancadas de cierta afinidad ideológica, la incapacidad de alcanzar acuerdos desde 2016 derivó en una espiral de sucesiones, vacancias e interinatos presidenciales. Las reformas electorales, lejos de fomentar mayorías claras, agudizaron la fragmentación mediante la flexibilidad en la inscripción de partidos y demasiados candidatos. En definitiva, la debilidad histórica de nuestro régimen presidencial reside en la imposibilidad de gobernar sin un mínimo respaldo parlamentario que garantice la estabilidad y normal continuidad del mandato presidencial.