Lamentablemente para la Policía Nacional y el país, el espinoso caso de la discoteca Thomas, de Los Olivos, donde murieron 13 personas en medio de una intervención policial, ha ido creciendo como una bola de nieve, al extremo que el ministro del Interior, Jorge Montoya, ha tenido que ir ayer a la Comisión de Fiscalización del Congreso a reconocer que la versión de los hechos que dio inicialmente era ajena a la verdad, pues afirma que fue desinformado por los agentes a cargo de la operación.

No cabe la menor duda que estos sucesos tienen que ser investigados en todos sus extremos. Estamos hablando de la pérdida de la vida de 13 personas, cuyos detalles van saliendo a la luz poco a poco, luego que alguna mano negra ha tratado de mantenerlos ocultos, para lo cual no ha dudado en engañar a los mandos de la Policía Nacional y al propio titular del sector. Esto es inaceptable, tal como lo ha señalado el propio presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos.

Es evidente que la situación del ministro Montoya es complicada a nivel político. Su error fue creer en el personal que ingresó a la discoteca y tomar como cierta su versión. Ahora está en medio de una tormenta y corresponderá al presidente Martín Vizcarra decidir sobre su continuidad en un sector que en lo que va del año ha tenido a tres responsables, que a su vez han trabajado con cuatro comandantes generales de la Policía Nacional.

Pero más allá de estas situaciones lamentables (tanto la muerte de los asistentes a la discoteca como el intento de echar sombras a la verdad), es penoso que la Policía Nacional, una institución golpeada por esta pandemia por el fallecimiento de cientos de sus miembros y diversos actos de corrupción denunciados en medio de la emergencia, esté en el ojo de la tormenta por el mal accionar de algunos elementos que deberían ser señalados con nombre y apellido.

Los actos de estos sujetos no pueden golpear a toda una institución que día a día está poniendo el pecho por los ciudadanos, aun a costa de la integridad de sus hombres y mujeres. Cada intervención de delincuentes o de gente que viola las disposiciones sanitarias en fiestas, reuniones o partidos de fulbito, es un riesgo para los agentes. Por eso, las responsabilidades deberían ser individualizadas por el Ministerio Público y los órganos de control interno. Esto no puede quedar en el olvido.

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