De llegar a confirmarse por un peritaje independiente que la información contenida en las agendas de presunta propiedad de Nadine Heredia es cierta, o que la misma guarda relación directa o indirecta con las acusaciones sobre manejos de fondos no justificados, su situación personal se complicaría mucho, trasladando ese enorme daño a su esposo y afectando políticamente aún más a este ya endeble gobierno.

Es impostergable y urgente que la Procuraduría y el Ministerio Público hagan su trabajo de inmediato, porque este nuevo elemento de las agendas (que dicho sea de paso circulaba como runrún por las redacciones hace buen tiempo) vuelve a demostrar que la investigación fiscal que en su momento llevó a cabo la Fiscalía, que terminó en un archivamiento y que la defensa de Heredia esgrime ahora como justificación para buscar protección vía una acción de amparo, fue, por decir lo menos, frágil e incompleta.

Y con mucha mayor razón ahora que el propio Martín Belaunde Lossio (eso sí, desdiciéndose de versiones pasadas) ha afirmado, ante la comisión congresal que lidera Marisol Pérez Tello, que los contratos por los que en algún momento se le pagó fuertes sumas de dinero a Heredia fueron simulados y que el fiscal que en su momento investigó estos hechos nunca lo citó.

Por lo demás, la defensa de la presidenta del partido oficialista frente a la denuncia de las agendas ha sido poco prolija y muy reactiva. La señora pasó de intentar desvirtuar una impecable investigación periodística a aceptar como cierta parte de la información divulgada, aunque señalando que otra parte ha sido trucada, pese a que el programa Panorama le brindó dos semanas a su defensa para que pueda alcanzar un descargo.

Los medios y políticos palaciegos no han tardado en atacar la denuncia poniendo el foco en los antecedentes del excongresista Gutiérrez o que fue el APRA o el fujimorismo el que promocionaba la misma. Se necesita un peritaje de inmediato y, sobre todo, no patear al mensajero.

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